Metodología

1. Fuentes de datos

Cada cifra publicada debe tener una fuente oficial o pública verificable:

• Asistencias y votaciones: actas de plenaria y gacetas publicadas por el Senado de la República, y el observatorio Congreso Visible de la Universidad de los Andes.
• Patrimonio y declaraciones de renta: declaraciones de bienes y rentas publicadas en el SIGEP (Función Pública), de registro obligatorio por la Ley 2013 de 2019.
• Procesos judiciales y disciplinarios: comunicados y providencias de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Contraloría. Solo se publican procesos documentados con enlace a la fuente.

2. El análisis con inteligencia artificial

Un modelo de IA lee el texto de cada proyecto de ley votado y lo clasifica según su impacto probable en la ciudadanía: beneficia, afecta o neutro. La clasificación evalúa efectos sobre el ingreso de los hogares, el acceso a derechos (salud, educación, pensión), el recaudo público y la concentración de beneficios en grupos particulares. Cada clasificación incluye una explicación en lenguaje claro y es revisable: si una fuente demuestra un error, se corrige.

3. El índice ciudadano (0–100)

El número que resume cada perfil se calcula así:

• 50% — porcentaje de asistencia a plenarias.
• 50% — proporción de votos en proyectos clasificados como beneficiosos para el pueblo, sobre el total de proyectos con impacto claro.
• −8 puntos por cada proceso judicial o disciplinario activo (los archivados o absueltos no restan).

El resultado se recorta al rango 0–100. Un índice bajo no es una acusación: es una medida compuesta de presencia, sentido de voto y situación judicial, con la metodología a la vista.

4. Qué NO hacemos

• No publicamos rumores ni denuncias sin documento oficial.
• No editorializamos los datos: el análisis de IA siempre muestra su explicación.
• No ocultamos correcciones: los cambios quedan registrados con fecha.